Subsecretaría de Educación Superior y joven que demandó al Estado por discriminación de la PSU logran acuerdo para desistir del reclamo ante la CIDH
En una reunión sostenida hace unos días por la demandante, Carol Venegas; el ahora exsubsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, y la directora del DEMRE, Leonor Varas, se acordó iniciar el camino para poner fin al proceso de reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado hace 10 años, lo que dará comienzo a un periodo durante el cual se evaluarán e implementarán medidas reparatorias.
Corría el año 2012 cuando, la entonces estudiante, egresada de un liceo técnico profesional, Carol Venegas Ovalle, presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusando al Ministerio de Educación (Mineduc) y al Consejo de Rectores (CRUCh)- que administraba la prueba- de discriminar a los alumnos que no pertenecían a la modalidad científico-humanista y perjudicarlos en el proceso de admisión a las universidades tradicionales, debido a que la Prueba de Selección Universitaria (PSU) medía los contenidos y materias que se entregaban a este último grupo de establecimientos y no a los de tipo técnico.
Una década después de presentado el libelo, la propia Carol reconoció los esfuerzos que está realizando el nuevo Sistema de Acceso - administrado desde 2020 por la Subsecretaría de Educación Superior - por desarrollar herramientas para erradicar la discriminación que en el pasado sufrieron los egresados de la educación media técnico profesional. Al respecto indicó: “Agradezco la instancia, a la Subsecretaría y al DEMRE por abrirse al diálogo. Agradezco que se reconozca que durante 17 años una prueba nos preguntó por contenidos que ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de aprender y que se abra una agenda de reparación para que nunca más se vea a un grupo de estudiantes como de segunda categoría.”
Por su parte, el ahora exsubsecretario Vargas reconoció la perseverancia de la afectada en una causa que calificó como “justa”. “Evidentemente, no soy el responsable directo de estos perjuicios causados a los estudiantes TP, pero en tanto subsecretario de Educación Superior, no puedo sino decir que lo lamento profunda y sinceramente…Pido perdón, porque, aunque no haya habido intención de parte de las autoridades y órganos involucrados, se causó un perjuicio a algunos estudiantes que aspiraban legítimamente a acceder a la universidad. Esto no debió haber ocurrido”.
Asimismo, señaló que se ha iniciado el estudio de algunas medidas que puedan reparar, aunque sea parcialmente, lo que ha ocurrido. “Algunas serán más fáciles de concretar; otras, más difíciles, porque implicarán que la administración entrante también pueda hacerse cargo, haciendo uso de recursos de los cuales yo no puedo disponer”, aseguró.
En este sentido, Carol Venegas afirmó que “cuando los afectados están efectivamente en el centro, las cosas cambian. Que algunas medidas no estén al alcance inmediato no significa que no sean realizables. Confío en un proceso que puede ser paulatino, pero con un compromiso genuino que continúe para sacar adelante estas medidas reparatorias”.
De igual modo, la directora del DEMRE, Leonor Varas destacó que “este acuerdo no hubiera sido posible sin que estuvieran involucrados Juan Eduardo Vargas y Carol Venegas, personas generosas, solidarias y comprometidas. Estoy segura de que todo se va a resolver bien. Sabemos que llega otro gobierno, pero este compromiso es, en definitiva, bueno para el país”.
Los cambios que facilitan el acuerdo
El escenario en 2022 es radicalmente diferente al que existía cuando Carol presentó el reclamo ante la CIDH. De partida, el CRUCh ya no es la entidad que administra el sistema de acceso a la educación superior, sino que es la Subsecretaría de Educación Superior, que al amparo de la Ley N°21.091 se hizo cargo del sistema y que, junto al Comité Técnico compuesto por 7 rectores, ha abordado prioritariamente el tema de las brechas provocadas por la PSU.
Cabe recordar que desde la admisión 2020, en la nueva Prueba de Transición, se incorporaron paulatinamente preguntas del nuevo tipo que miden habilidades y competencias más que contenidos y que incluyen el currículum hasta 2° medio, lo que permite evaluar conocimientos efectivamente adquiridos. Esto ha mostrado una efectiva disminución de brechas que en el caso de la admisión 2022 indica que el número de seleccionados provenientes de establecimientos técnico-profesionales aumentó en un 16% (15.986 vs. 13.748) comparado con el proceso anterior.
Adicionalmente, el sistema ha permitido a las universidades aumentar el porcentaje de admisión especial, lo que ha permitido el ingreso de exalumnos secundarios técnico profesionales de buen rendimiento académico a carreras universitarias, sin tener que depender exclusivamente del puntaje logrado en la prueba de admisión.
De esta forma, una disputa de 10 años comienza a ver una solución, de la mano de un acuerdo alcanzado entre ambas partes, quienes han puesto lo mejor de sí para saldar el daño provocado por una situación que afectó a varias generaciones de estudiantes de la educación media técnico profesional de nuestro país.